Publicado el 20/06/2025 por Administrador
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Una nueva tormenta judicial sacude a la política española. Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ingresaron a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz y al Ministerio de Transportes para clonar los correos electrónicos corporativos de dos figuras clave del partido: el exsecretario de Organización Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. La acción, autorizada por el Tribunal Supremo, forma parte de la investigación del conocido “caso Koldo”, una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos.
La operación, que no incluyó registros físicos, se centró en la obtención de datos digitales relevantes. El objetivo era acceder a correspondencia interna relacionada con once contratos adjudicados por Adif y la Dirección General de Carreteras, muchos de ellos gestionados durante la pandemia. También se han emitido solicitudes de información bancaria a más de 30 entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, vinculadas con los investigados.
Santos Cerdán, recientemente imputado, comparecerá ante el Tribunal Supremo el próximo 30 de junio tras haber renunciado a su escaño. Su salida del Congreso permitió que se levantara su fuero parlamentario y se iniciara un rastreo exhaustivo de su patrimonio, cuentas bancarias y comunicaciones desde 2014. Por su parte, Ábalos ya fue objeto de una actuación similar cuando su domicilio en Valencia fue registrado en busca de documentos y dispositivos electrónicos.
Uno de los ejes del caso gira en torno a supuestos pagos ilícitos por parte de la empresa Acciona. La Guardia Civil investiga si Ábalos y su asesor Koldo García habrían recibido más de 600.000 euros a cambio de favorecer adjudicaciones. Grabaciones aportadas por Víctor de Aldama, considerado uno de los principales denunciantes del entramado, incluirían conversaciones comprometedoras y referencias a transferencias sospechosas.
Desde el PSOE, la dirección ha manifestado su “plena colaboración” con la justicia y ha evitado hacer valoraciones políticas de fondo. El Ministerio de Transportes, por su parte, también aseguró estar facilitando toda la información requerida.
Sin embargo, la reacción política no se hizo esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la operación como “una auditoría pública” que, según dijo, evidencia el deterioro institucional del país. Exigió responsabilidades al presidente Pedro Sánchez y pidió el fin de lo que denominó “una redada permanente”.
El “caso Koldo” nació con la investigación de presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas y otros contratos durante la pandemia, pero ha ido escalando hasta alcanzar al núcleo del partido gobernante. Las nuevas diligencias, dirigidas desde el Supremo, podrían derivar en nuevas imputaciones y un terremoto político en plena antesala del verano.
