Publicado el 09/06/2025 por Administrador
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La ciudad de Los Ángeles vivió un fin de semana tenso y políticamente explosivo tras el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por el expresidente Donald Trump, pese a la firme oposición del gobernador Gavin Newsom y de las autoridades locales. La decisión, considerada sin precedentes en décadas recientes, avivó temores sobre el uso de fuerza militar con fines políticos en suelo estadounidense.
El despliegue se produjo en el marco de crecientes protestas contra las redadas migratorias de ICE y las políticas de detención masiva impulsadas desde Washington. Trump invocó el Título 10 del Código de EE. UU., lo que le permitió federalizar a la Guardia Nacional sin requerir el consentimiento del gobernador. Esta medida no se aplicaba desde 1965, durante los disturbios raciales de Watts.
El gobernador Newsom reaccionó con dureza, calificando la acción como "ilegal, innecesaria e incendiaria", advirtiendo que representa una violación directa de la soberanía estatal. En sintonía, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusó al expresidente de intentar utilizar a las fuerzas armadas para intimidar a la población y "marcar músculo político frente a movilizaciones mayoritariamente pacíficas".
Aun así, los efectivos fueron desplegados en zonas sensibles como Compton, Paramount y el centro angelino, donde las manifestaciones se intensificaron. Se registraron enfrentamientos entre militares y manifestantes, con uso de gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras. Más de 100 personas fueron arrestadas y decenas resultaron heridas, incluidos varios periodistas.
La respuesta federal incluyó la custodia de instalaciones clave por parte de la Guardia y la activación de un plan de alerta máxima en bases de los Marines cercanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas están preparadas “para responder a cualquier situación de orden público o amenaza”.
La oposición política fue inmediata. Legisladores demócratas como Bernie Sanders y Kamala Harris denunciaron una peligrosa escalada autoritaria. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también criticó la medida, advirtiendo que sienta un precedente peligroso para la intervención militar en contextos civiles. Newsom anunció una demanda formal contra el Gobierno federal por extralimitación de poderes.
Este episodio revive recuerdos históricos en California. Durante los disturbios de Watts en 1965 y los de Los Ángeles en 1992, la Guardia Nacional fue desplegada, pero siempre a solicitud del estado. El caso actual es distinto: marca una intervención directa desde la Casa Blanca, sin aval local, lo que para muchos rompe el equilibrio federal.
En medio del caos, la población se mantiene movilizada. Miles han salido a las calles no solo por la política migratoria, sino ahora también en defensa del derecho a la protesta y la autonomía estatal. La ciudad de Los Ángeles se ha convertido en epicentro de una disputa mucho mayor: la de los límites del poder presidencial en tiempos de crisis interna.
Con las elecciones en el horizonte, este choque entre Trump y las autoridades californianas podría marcar un punto de inflexión en el debate nacional sobre el uso del poder militar y la vigencia del federalismo democrático en Estados Unidos.
