Publicado el 11/07/2025 por Administrador
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El reciente paso del Congreso de Perú al aprobar una polémica ley de amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa mayores de 70 años involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 ha encendido la indignación dentro y fuera del país. La norma, que podría beneficiar a más de 150 condenados y suspender cientos de procesos judiciales en curso, ha generado un clamor social y jurídico por su inmediata anulación.
La ley, promovida por sectores conservadores y de derecha en el Parlamento, pretende brindar una “amnistía humanitaria” a quienes participaron en la represión contra organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, también incluye casos documentados de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y APRODEH calificaron la norma como un acto de “impunidad institucionalizada”.
La indignación no tardó en tomar cuerpo en las calles. Familiares de víctimas, activistas y sobrevivientes marcharon en Lima y otras ciudades, portando fotografías de desaparecidos y exigiendo al Poder Judicial que no permita la aplicación automática de la ley. “No puede haber perdón sin justicia. Esta ley borra décadas de lucha por la verdad”, afirmó con firmeza una manifestante frente al Palacio de Justicia.
Desde el ámbito legal, diversas organizaciones ya han interpuesto acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la norma contraviene tanto la Constitución del Perú como tratados internacionales ratificados por el Estado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En paralelo, se activaron mecanismos para recurrir ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en el pasado invalidaron leyes de amnistía similares en el país, como ocurrió en 1995.
Expertos constitucionalistas coinciden en que la norma viola el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y socava los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Incluso dentro del Poder Judicial se han alzado voces de preocupación: varios magistrados han advertido que la aplicación de la ley podría constituir desacato a fallos internacionales, lo que comprometería la responsabilidad del Estado peruano ante la comunidad global.
Un factor clave es la posición que adopte la presidenta Dina Boluarte. Aunque no ha firmado la ley, tiene la facultad de observarla o dejar que entre en vigor por silencio administrativo en un plazo de 15 días. Sectores de la sociedad civil le exigen vetarla, mientras otros cuestionan su inacción y señalan que su Gobierno podría estar cediendo a presiones castrenses.
Las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Derechos Humanos en América Latina, también expresó su “profunda preocupación” y llamó al Estado peruano a respetar sus obligaciones internacionales. La Unión Europea y organismos multilaterales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron al rechazo global.
La controversia ha puesto al Perú en una encrucijada histórica: ¿es posible consolidar la democracia y el estado de derecho si se renuncia a la justicia por los crímenes más graves del pasado reciente? ¿Puede un país avanzar mientras las heridas de su conflicto interno siguen abiertas?
Por ahora, los sectores defensores de los derechos humanos confían en que la presión social, jurídica e internacional logre frenar la aplicación de esta ley antes de que se convierta en un precedente nefasto para la región. La próxima batalla se librará en los tribunales, y el reloj corre. Si la norma no es vetada ni declarada inconstitucional a tiempo, podría entrar en vigencia y desatar una ola de liberaciones que reabriría el dolor de miles de familias peruanas.
